En una reunión con Human Rights Watch que tuvo lugar la semana pasada en la Ciudad de Panamá, funcionarios del Ministerio de Ambiente panameño señalaron que están trabajando en la redacción de un decreto sobre adaptación al cambio climático, cuya adopción está prevista para fines de abril. El decreto sentará las bases jurídicas para un protocolo nacional sobre reubicación planificada durante el próximo año.
En 2024, el gobierno anterior de Panamá llevó a cabo consultas intersectoriales para empezar a definir un enfoque nacional sobre el tema, que al final no se concretó. El trabajo de la actual administración encaminada a finalizar este decreto, que incluye la elaboración de informes sobre las personas desplazadas por motivos climáticos en Panamá, es una señal alentadora de que el gobierno reconoce la necesidad de un enfoque coordinado y basado en derechos en materia de reubicación planificada, como solución de último recurso para la adaptación climática.
En la reunión, varios funcionarios panameños reconocieron los desafíos cada vez mayores que plantea el cambio climático para las comunidades costeras indígenas como Gardi Sugdub y Ukupa en Guna Yala. Sin embargo, para que una política de reubicación sea eficaz, las voces de quienes se ven más afectados deberían tener incidencia en su diseño e implementación.
En Panamá, esto significa que, desde un primer momento, las comunidades afectadas como Gardi Sugdub y Ukupa deberían tener un lugar en la mesa de negociaciones del decreto sobre adaptación. La experiencia de la comunidad Gardi Sugdub pone de relieve enseñanzas importantes y destaca los riesgos de que haya dilaciones y de que las consultas sean inadecuadas. Estos son errores que no deberían repetirse.
Formular un protocolo nacional sobre reubicación planificada es un paso crucial para asegurar la protección de los derechos humanos de las comunidades que están en la primera línea de la crisis climática y debería ser una prioridad para el nuevo gobierno de Panamá.
Esto vale para los países costeros en todo el mundo. Conforme sube el nivel del mar y se agudizan las tormentas que siguen amenazando hogares y medios de vida, el margen para desarrollar políticas se cierra rápidamente. Cientos de comunidades en todo el mundo ya se han reubicado o se están reubicando en respuesta al aumento del nivel del mar, las inundaciones y otros desastres que probablemente se intensifiquen a medida que se acelera el cambio climático.
El compromiso de Panamá de crear un protocolo sobre reubicación es un avance positivo. Ahora el gobierno debería actuar con rapidez. Las familias en Ukupa viven atrapadas en un estado de limbo y no pueden permitirse un estado prolongado de incertidumbre. Al acelerar el proceso y asegurar que la comunidad tenga un papel de liderazgo, Panamá puede convertirse en ejemplo para la región y el resto del mundo en lo relativo a estrategias de reubicación planificada que hacen de los derechos humanos una prioridad.
