En la mañana del 10 de enero, decenas de combatientes de las Fuerzas Escudo de Sudán -grupo armado que lucha junto al ejército sudanés (SAF)- entraron en la aldea de Tayba, en el estado sudanés de Gezira, a bordo de vehículos Toyota Land Cruiser equipados con ametralladoras pesadas.
Dispararon indiscriminadamente contra hombres y niños e incendiaron edificios. Un hombre de 60 años contó a Human Rights Watch que unos hombres armados vestidos con camuflaje verde le atacaron a quemarropa: "Dijeron: '¡Alto!' y luego me dispararon cerca del riñón con un [rifle] Kalashnikov".
Volvieron a atacar el pueblo por la tarde, mientras los residentes enterraban a las víctimas, yendo de casa en casa en busca de hombres y niños, matando, saqueando e incendiando, según los testigos.
La noche del 10 de enero, los cadáveres de hombres y niños yacían esparcidos por el pueblo: En el ataque murieron al menos 26 personas, entre ellas un niño.
Estos actos constituyen crímenes de guerra y pueden equivaler a crímenes contra la humanidad, según muestra un nuevo informe.
Estos ataques de las Fuerzas Escudo de Sudán, dirigidas por Abu Aqla Keikel, forman parte de un mortífero aumento de ataques de grupos y milicias afines al ejército contra comunidades de Gezira y otras zonas que el ejército ha recuperado recientemente de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés.
El ejército y la RSF, junto con sus aliados, llevan luchando por el poder en Sudán desde 2023. El sufrimiento que han causado los incesantes combates es apenas inconcebible. Ambos bandos han cometido una letanía de crímenes de guerra, y el RSF llevó a cabo crímenes contra la humanidad como parte de una campaña de limpieza étnica.
Pero es importante recordar que para cada ataque ilegal existe una cadena de mando, y hay alguien que puede y debe rendir cuentas.
El ejército sudanés ha condenado el ataque de Gezira, pero ha restado importancia a los abusos calificándolos de "transgresiones individuales". En lugar de minimizar lo sucedido, los militares deberían investigar estos ataques, publicar sus conclusiones y hacer rendir cuentas a todos los responsables. También deberían suspender a Keikel.
Además, la ONU, la Unión Africana y otras organizaciones regionales deben apoyar el despliegue de una misión para proteger a los civiles en Sudán. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, deben imponer sanciones selectivas a los responsables.
La presión es clave para impedir que aumente aún más el sufrimiento y el número de crímenes de guerra cometidos en Sudán.
