Miembros clave del Consejo de Ministros del Gobierno de España están abogando para que el país adopte una nueva prestación universal por crianza en el presupuesto de 2025. La medida podría reducir los niveles alarmantes de pobreza infantil del país y centrar la planificación del presupuesto público destinado a la seguridad social en los derechos humanos y en ofrecer mejores condiciones de vida.
La semana pasada, el ministro de Derechos Sociales de España, Pablo Bustinduy, con el respaldo de la Ministra de Trabajo y la Ministra de Juventud e Infancia, planteó la intención de incluir en el presupuesto una subvención mensual de 200 euros por cada niño o niña (de menos de 18 años). Los criterios de admisibilidad son sencillos: todos los hogares con hijos o hijas recibirían la subvención si declaran impuestos como residentes en España. Los hogares con ingresos elevados estarían sujetos a un impuesto sobre la subvención.
Esta nueva prestación podría marcar una diferencia muy importante. Las estadísticas oficiales muestran que el 34,5% de los niños y las niñas en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa la segunda tasa más alta de la Unión Europea.
Cuando el Ministerio de Derechos Sociales dio a conocer por primera vez los planes el verano pasado, surgieron interrogantes de si una prestación universal sería más eficaz que otro tipo de prestación focalizada a contrarrestar la pobreza.
España estableció hace poco un Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), con carácter mensual, de entre 57 y 115 euros para familias de ingresos bajos que cumplan los criterios del ingreso mínimo vital (IMV). Sin embargo, más de la mitad de las personas que cumplen con los requisitos para el IMV no han tenido acceso a esta prestación y también se observa una falta de aceptación ("non-take-up") del CAPI. El gobierno sabe, y nos ha indicado, que muchos de los que deberían beneficiarse de las prestaciones de la seguridad social que les corresponden por su nivel de ingresos, en la práctica no lo hacen.
Hay evidencias claras del impacto positivo que tienen las prestaciones universales por crianza, tanto en España como en otros lugares.
A través de una simulación realizada por especialistas académicos se observa que establecer en España una prestación universal de este tipo no solo podría reducir la pobreza infantil en general, sino además disminuir casi a la mitad la tasa actual de pobreza infantil extrema, del 14% al 8%. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil de España ha cuantificado en 63.100 millones de euros el costo anual de la pobreza infantil crónica y persistente. En cambio, el costo anual previsto de una prestación universal por crianza es de 19.000 millones de euros.
La prestación por crianza podría igualmente ir acompañada de otros programas universales o ayudas focalizadas, como el CAPI, o de asistencia urgente, como tarjetas monedero para hogares que no puedan permitirse alimentos adecuados.
Las consecuencias de no actuar contra la pobreza son muy claras. El Gobierno de España debería aprovechar la oportunidad para actuar con determinación, e incorporar la universalidad y los derechos de niños y niñas en su próximo presupuesto.
