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Un cartel con los nombres de las agencias del gobierno estadounidense ubicadas en el edificio Ronald Reagan de Washington, DC, con la sede de USAID tapada con cinta adhesiva, 7 de febrero de 2025. © 2025 Manuel Balce Ceneta/AP Photo

El nuevo administrador de un hospital de una gran ciudad quiere recortar el presupuesto del hospital. Las facturas de electricidad parecen bastante elevadas, así que ordena al personal que vaya a las salas y quirófanos y desconecte todas las máquinas a la espera de una revisión de lo que hacen esas máquinas. Unas semanas más tarde, anuncia que la revisión ha concluido: mantendrá las máquinas desenchufadas.

Ahorro de dinero y, además, se acabaron los molestos pitidos.

Es absurdo, por supuesto, pero esto es esencialmente lo que el equipo de Trump ha estado haciendo con la ayuda exterior estadounidense. Y los impactos serán igualmente desastrosos.

En primer lugar, en enero, Trump ordenó la suspensión de toda la ayuda exterior, a la espera de una revisión programa por programa. Ahora, la administración dice que su revisión se ha completado, y están manteniendo la mayoría de esas máquinas salvavidas desconectadas.

La semana pasada, la administración Trump anunció que pondría fin a más del 90 por ciento de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esa es la agencia clave del gobierno estadounidense que administra la ayuda exterior civil y la asistencia para el desarrollo en todo el mundo. Los recortes también incluirán miles de programas de ayuda exterior del Departamento de Estado.

En total, unos 60.000 millones de dólares. Es mucho dinero, pero representa menos del 1% del presupuesto federal estadounidense. Es probable que los contribuyentes estadounidenses no noten ninguna diferencia.

Sin embargo, donde estos recortes tendrán un impacto masivo es en el extranjero. Esta medida pondrá en peligro a millones de personas y socavará los derechos humanos en todo el mundo.

De hecho, la congelación de la ayuda ya ha sido catastrófica. Por ejemplo, ha puesto fin a las clases universitarias en línea para mujeres y niñas afganas. Ha interrumpido el suministro de medicamentos para evitar la transmisión maternoinfantil del VIH a cientos de miles de recién nacidos. Ha suprimido la financiación de comedores de emergencia en Sudán, azotado por la hambruna.

Los recortes también han tenido otras consecuencias devastadoras para los derechos humanos en todo el mundo. Grupos de investigación sobre derechos humanos se enfrentan al cierre o a reducciones de personal. (Por cierto, no Human Rights Watch. No recibimos dinero de ningún gobierno).

También sufrirán recortes los medios de comunicación independientes que trabajan para denunciar los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Los recortes también afectarán a las organizaciones que prestan servicios jurídicos a las víctimas de persecuciones por motivos políticos en países autoritarios como Rusia, Bielorrusia y China.

No hay forma de que la administración Trump haya hecho una revisión adecuada de miles de programas como estos antes de recortarlos.

El "proceso de revisión" del Departamento de Estado fue apresurado. No contaba con la orientación interna necesaria, con la metodología para los comentarios públicos; y lo que es más importante, no hubo un proceso para mitigar los riesgos de detener los programas abruptamente o en su totalidad.

Revisar los programas financiados con impuestos es correcto. Cualquier nuevo gobierno puede querer hacerlo, y tiene la autoridad de unas elecciones recientes a sus espaldas para respaldarlo.

Pero hay formas más inteligentes de revisar este tipo de asuntos, como examinar detenidamente lo que hacen esas máquinas que pitan en los hospitales antes de desconectarlas.

 

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