- Guatemala no ha logrado prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica, y los embarazos forzados resultantes en niñas menores de 14 años.
- Las niñas que han sufrido violencia sexual a menudo son excluidas del sistema educativo, tienen dificultades en acceder a atención médica y seguridad social, lo que las lleva a enfrentar barreras importantes para obtener justicia.
- Se necesita con urgencia reformas integrales para prevenir de manera efectiva la violencia sexual, incluida la violencia contra las niñas, y garantizar el acceso pleno a atención médica, educación y seguridad social, así como justicia y reparaciones adecuadas.
(Ciudad de Guatemala) – Los sucesivos gobiernos de Guatemala han incumplido sus obligaciones con las niñas que enfrentan embarazos tempranos y forzados como resultado de la violencia sexual, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las autoridades deben garantizar a las sobrevivientes de violencia sexual acceso a atención médica integral, educación y seguridad social, así como las protecciones legales necesarias, justicia y reparaciones.
El informe de 92 páginas, “‘Forzadas a renunciar a sus sueños’: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”, documenta las múltiples barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica cualquier actividad sexual que involucre a una niña menor de 14 años como violencia sexual. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informó que entre 2018 y 2024, 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.
“La violencia sexual sigue siendo un problema generalizado y sistémico en Guatemala, afectando desproporcionadamente a las niñas menores de 14 años”, dijo Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de las mujeres en Human Rights Watch. “La falta de acciones adecuadas por parte de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas pueden tener consecuencias que ponen en riesgo la vida, incluidos daños a su salud física y mental, además de afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”. Human Rights Watch entrevistó a más de 72 representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, personal de salud y otros expertos para el informe en 2023 y 2024, y analizó datos gubernamentales.
En un caso, una niña de 11 años de una zona rural fue violada por su padre y buscó atención médica después de descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de regreso a casa con su padre, y se vio obligada a dar a luz en su casa, en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca arrestaron al padre y, dado que el caso nunca fue objeto de una resolución judicial, la niña no recibió reparaciones por el daño que sufrió.
El acceso de las niñas a servicios de salud en Guatemala se encuentra severamente limitado. Las largas distancias de traslado, la escasez de personal capacitado y la insuficiencia de recursos en los centros de salud dificultan gravemente el acceso oportuno a recursos y servicios de salud esenciales para los derechos de las niñas, como anticoncepción de emergencia y atención prenatal, intraparto y postnatal
Estas barreras tienen un impacto desproporcionado en las niñas de comunidades rurales e indígenas, que a menudo deben viajar durante horas o incluso días fuera de sus comunidades para llegar a instalaciones de salud en las cabeceras departamentales. La ley guatemalteca permite el aborto terapéutico cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo, pero el estigma y la falta de conocimiento de la ley entre los proveedores de salud obstruyen el acceso a este servicio de salud esencial.
El sistema educativo de Guatemala también falla en brindar apoyo a las niñas embarazadas y a las niñas madres. Hasta noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas habían sido inscritas en el sistema educativo a nivel nacional entre enero y junio. La falta de apoyo por parte de las escuelas y el gobierno, el estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserción escolar de niñas embarazadas, especialmente en comunidades rurales. Muchas son obligadas a abandonar la escuela de manera permanente y, con frecuencia, son enviadas a vivir con sus agresores o se les asignan tareas de cuidado en el hogar.
Las opiniones sociales a menudo etiquetan a las niñas como “impuras” o “sucias”, estigmatizándolas aún más y colocando la culpa en las sobrevivientes en lugar de los abusadores. La falta de políticas públicas diseñadas para permitir que las estudiantes que están embarazadas o las que son madres continúen sus estudios deja a las niñas sin el apoyo académico, social y emocional necesario.
Los programas de protección social para las niñas embarazadas y las que son madres también son inadecuados para garantizar su derecho a la seguridad social. Vida, el programa del gobierno destinado a proporcionar asistencia en efectivo a las niñas embarazadas y madres menores de 14 años, tiene una baja cobertura debido a sus requisitos de elegibilidad restrictivos y a las difíciles barreras burocráticas. En 2024, solo 129 niñas estaban inscritas en el programa, a pesar de que 1,953 niñas menores de 14 años dieron a luz ese año.
El camino hacia la justicia para las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual cuenta con numerosos vacíos y desigualdades sistémicas. Desde enero de 2018 hasta octubre de 2023, existieron 6,697 desestimaciones fiscales y judiciales de casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, incluyendo 2,271 solamente entre enero y octubre de 2023; un aumento significativo en comparación con años anteriores. Incluso cuando los casos avanzan, la rendición de cuentas sigue siendo escasa: los jueces emitieron solo 136 acusaciones preliminares entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y 102 condenas por violación entre enero de 2018 y octubre de 2023 en casos que involucraban a niñas embarazadas menores de 14 años sobrevivientes de violencia sexual.
Las fallas del sistema de justicia evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas dentro de los procesos legales. Las sobrevivientes de violencia sexual enfrentan múltiples barreras, como estereotipos de género, maltrato y dificultades para acceder a oficinas gubernamentales. Las niñas indígenas y sordas enfrentan desafíos adicionales debido a las barreras lingüísticas y la falta de intérpretes capacitados y culturalmente sensibles en las lenguas indígenas y el lenguaje de señas. Cuando se otorgan reparaciones, estas no suelen abordar las necesidades reales de las víctimas, reflejando una falta de comprensión de las circunstancias y necesidades específicas de las niñas. Además, los vacíos en la justicia se ven agravados por un sistema judicial sobrecargado, lo que provoca retrasos significativos.
El subregistro de la violencia sexual, la mala gestión de datos y la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales han obstaculizado aún más la capacidad del gobierno para rastrear, prevenir y responder de manera efectiva a la violencia sexual.
“Sin reformas significativas, que incluyan el fortalecimiento de la prevención, los servicios y el acceso a la justicia, las niñas en Guatemala seguirán enfrentando niveles alarmantes de violencia sexual y barreras insuperables para ejercer sus derechos”, dijo Quijano Carrasco. “El gobierno necesita tomar medidas urgentes para garantizar que las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a la atención médica, educación, seguridad social y las protecciones legales a las que tienen derecho, para poder recuperarse y reconstruir sus vidas”.
Datos clave sobre violencia sexual y maternidad forzada en Guatemala:
- Prevalencia de la violencia sexual: Más de un tercio de las mujeres en Guatemala (34.5 por ciento) experimentan violencia sexual en su vida.
- Violencia sexual contra niñas: Las niñas son mucho más propensas a reportar violencia sexual que los niños en Guatemala. Ellas representan el 88 por ciento de las evaluaciones en casos de violencia sexual o embarazo en niños de 14 años o menos por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) entre enero de 2018 y junio de 2024 (datos oficiales de INACIF).
- Maternidad temprana en niñas: Entre 2018 y 2024, se registraron 14,696 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, 1,953 solo en 2024. En el mismo período, 479,612 niñas y adolescentes de 10 a 19 años dieron a luz, 56,568 en 2024 (datos oficiales de RENAP).
- Inscripción escolar: En noviembre de 2024, solo 213 niñas embarazadas menores de 14 años estaban inscritas en la escuela (datos oficiales de MINEDUC).
- Justicia: De las personas que reportan violencia sexual, pocas logran obtener justicia.
- Un total de 6,697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años fueron desestimados entre enero de 2018 y octubre de 2023.
- Entre enero de 2018 y septiembre de 2023, los jueces solo emitieron 136 acusaciones preliminares.
- Entre enero de 2018 y octubre de 2023, 102 personas fueron condenadas en casos de niñas embarazadas menores de 14 años que son sobrevivientes de violencia sexual (datos oficiales del MP).
- Seguridad social y apoyo económico: De enero a junio de 2024, solo 129 niñas estaban registradas en el programa Vida, una cifra significativamente menor a los 1,953 nacimientos de madres de 10 a 14 años reportados ese mismo año (datos oficiales del MIDES).
