- Una ley de Nueva Jersey que permite a la Fiscalía decidir unilateralmente si niños, niñas y adolescentes son juzgados como adultos está causando daños devastadores.
- Los jueces solo pueden intervenir si determinan que un fiscal ha abusado de su discrecionalidad. Esto deja a niños, niñas y adolescentes sin apenas supervisión ni posibilidad de recurso.
- Los legisladores deben restablecer la supervisión judicial y garantizar que niños, niñas y adolescentes en Nueva Jersey tengan una oportunidad justa de rehabilitación y rendición de cuentas dentro de un sistema adecuado a su edad, diseñado para proteger su futuro.
(Nueva York) – Una ley de Nueva Jersey que permite a la Fiscalía decidir unilateralmente si niños, niñas y adolescentes son juzgados como adultos está causando daños devastadores, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La norma afecta de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes de color, genera disparidades geográficas arbitrarias y prioriza el castigo sobre la rehabilitación. Los legisladores de Nueva Jersey deberían poner fin a esta práctica perjudicial e implementar una supervisión judicial efectiva para garantizar resultados más justos.
El informe de 61 páginas, “Dejados de lado: El procesamiento indiscriminado de niños, niñas y adolescentes como personas adultas en Nueva Jersey”, revela que la Fiscalía tiene una discrecionalidad casi absoluta para decidir si los niños, niñas y adolescentes deben ser juzgados como un niño o como un adulto, un proceso conocido como “traslado” o waiver, lo que provoca marcadas diferencias según la ubicación geográfica y graves disparidades raciales. Los jueces solo pueden intervenir si determinan que un fiscal ha abusado de su discrecionalidad, un estándar prácticamente imposible de cumplir. Esto deja a los niños, niñas y adolescentes expuestos a decisiones arbitrarias con consecuencias que cambian sus vidas, sin apenas supervisión ni posibilidad de recurso.
“Con su abusiva y arbitraria ley de traslado, Nueva Jersey le ha dado la espalda a su deber fundamental de proteger a los niños, niñas y adolescentes”, afirmó Amanda Leavell, investigadora y defensora de Human Rights Watch y autora del informe. “Esta ley no solo perjudica a niños, niñas y adolescentes, sino también a sus comunidades. Procesar a niños como adultos les priva del apoyo rehabilitador que necesitan y alimenta ciclos de encarcelamiento y reincidencia que terminan pagando los propios barrios de Nueva Jersey”.
La práctica de Nueva Jersey de procesar a niños como adultos también agrava la actual crisis en los centros de penitenciarios del estado, donde las instalaciones de detención preventiva están al límite de su capacidad o carecen gravemente de personal, lo que dificulta la adecuada atención de las y los jóvenes detenidos. Aunque esta crisis ha recibido gran atención, las autoridades han pasado por alto el hecho de que la dependencia de Nueva Jersey en las decisiones de traslado (waiver) ha empeorado la situación. Los y las jóvenes que enfrentan un proceso como adultos pasan significativamente más tiempo en detención preventiva debido a audiencias prolongadas y a la reprogramación de los plazos judiciales cuando sus casos son transferidos al sistema de justicia para adultos.
Human Rights Watch entrevistó a más de 80 jóvenes, familiares y personas defensoras, además de revisar documentos judiciales, registros de centros de detención y datos sobre sentencias. Los hallazgos revelan que las y los jóvenes trasladados al sistema para adultos suelen permanecer en detención preventiva durante largos periodos.
Un joven relató que pasó casi dos años en detención esperando su juicio: “La peor sensación del mundo es cuando te dicen que te quedas en ‘prisión preventiva’: que tienes que volver a esa celda [de detención] hasta tu próxima audiencia”.
Quienes defienden políticas de “mano dura contra el crimen” sostienen que las penas de prisión para adultos son necesarias para niños, niñas y adolescentes que cometen delitos graves. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento en Nueva Jersey, donde el sistema de justicia juvenil ya impone penas muy largas, incluyendo hasta 20 años por homicidio en primer grado, con tiempo adicional por términos extendidos y sentencias consecutivas, similares a las del sistema para adultos. La diferencia es que el sistema juvenil tiene la capacidad de manejar casos de delitos graves dentro de un marco diseñado para la rehabilitación en lugar de centrarse exclusivamente en el castigo.
“Nueva Jersey no obtiene ningún beneficio al enviar a jóvenes al sistema para adultos”, declaró Laura Cohen, profesora de derecho en la Universidad Rutgers y experta en justicia juvenil, a Human Rights Watch. “Las decisiones de traslado perjudican a los niños, niñas y adolescentes de innumerables maneras y debilitan, en lugar de proteger, la seguridad pública. Las prácticas descritas en este informe ponen en peligro a nuestra juventud y a nuestras comunidades, y deben cambiar”.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, la detención de niños, niñas y adolescentes debe ser un último recurso y por el menor tiempo posible. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que Estados Unidos ha firmado, pero no ratificado, establece claramente que los niños, niñas y adolescentes deben ser tratados de una manera que promueva su reintegración y garantice la rendición de cuentas dentro de un marco adecuado a su edad. La práctica de traslado en Nueva Jersey contradice estos principios al someter a niños, niñas y adolescentes a detenciones prolongadas y penas diseñadas para adultos.
“El proceso de traslado fiscal de Nueva Jersey falla a los niños, niñas y adolescentes y desafía los estándares internacionales”, afirmó Leavell. “Los legisladores deben restablecer la supervisión judicial y garantizar que niños, niñas y adolescentes en Nueva Jersey tengan una oportunidad justa de rehabilitación y rendición de cuentas dentro de un sistema adecuado a su edad, diseñado para proteger su futuro en lugar de destruirlo”.
