(Washington D. C.) - La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una serie de reformas que ordenan el traslado de niños, niñas y adolescentes a cárceles para adultos, una medida que vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y los expone a mayores riesgos de abuso, señaló hoy Human Rights Watch.
El presidente Nayib Bukele sancionó el 13 de febrero de 2025 una ley aprobada por legisladores oficialistas que establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”.
En el informe publicado en julio de 2024, “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, Human Rights Watch documentó graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad.
Más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que el presidente Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas. Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física. Algunos agentes de policía dijeron a Human Rights Watch que las autoridades los presionaban para arrestar diariamente a un número determinado de personas. Varios niños detenidos, así como sus familias, habían sufrido anteriormente la violencia de las pandillas, incluyendo intentos de reclutamiento forzado y amenazas de muerte.
Para febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”. Human Rights Watch documentó que, en un gran numero de casos, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles o no corroboradas y que coaccionaban a los niños para que se declararan culpables de delitos que ellos decían no haber cometido.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, afirmó Goebertus.
Human Rights Watch ha documentado que las personas detenidas en prisiones para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicadas y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa. Muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, incluyendo alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado.
Según organizaciones locales de derechos humanos, 368 personas han muerto en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción. Fotos y testimonios identificados por Human Rights Watch y análisis de expertos forenses apuntan a un papel de las autoridades en varias de estas muertes.
Estas últimas reformas en materia de justicia juvenil se producen tras los cambios introducidos en marzo de 2022 a la Ley Penal Juvenil, que aumentó las penas máximas de prisión a 10 años para niños de 12 a 15 años y hasta 20 años para los mayores de 16 que sean acusados, entre otros, de los delitos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas”. Esas reformas son incompatibles con los estándares promovidos por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que recomienda a los gobiernos no reducir la edad mínima de responsabilidad penal “en ninguna circunstancia” e insta a elevarla a “14 años como mínimo”.
En el pasado, la Ley Penal Juvenil garantizaba importantes protecciones procesales y medidas alternativas al juzgamiento tradicional, como programas de conciliación y reinserción. La legislación priorizaba intervenciones educativas y restaurativas sobre la privación de libertad, y consideraba la detención únicamente como último recurso. Además, establecía que los menores debían permanecer exclusivamente en centros de reclusión especializados, separados de las instalaciones para adultos, con una clasificación según edad, sexo y situación jurídica. La ley también creó centros intermedios específicos para jóvenes entre 18 y 21 años, en reconocimiento de las necesidades particulares de este grupo etario.
Los estándares internacionales sobre justicia juvenil establecen que la detención de niños en conflicto con la ley debe aplicarse únicamente como último recurso. Si la detención es inevitable, nunca se les debe recluir en prisiones para adultos debido a las “abundantes pruebas” de que esto “pone en peligro su salud y su seguridad básica, así como su capacidad futura para mantenerse al margen de la delincuencia y reintegrarse”. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte, y otros tratados de derechos humanos obligan a los Estados a promover la rehabilitación y la reintegración de los niños que han cometido delitos.
El 13 de febrero, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sostuvieron que las reformas a la ley salvadoreña “representan un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”.
“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, afirmó Goebertus.
