- Las persecuciones vehiculares por parte de policías del estado de Texas y fuerzas de orden público locales han provocado la muerte de, al menos, 106 personas e hirieron a otras 301 en condados que participan en la Operación Lone Star de Texas, desde que este programa comenzó en 2021.
- Muchas personas han muerto durante persecuciones a gran velocidad, incluidos transeúntes, niñas y niños. Lamentablemente, las medidas recientes de la Administración Trump y del gobernador de Texas Greg Abbott para incrementar el papel de la policía estatal y local en los esfuerzos de deportación afianzan las políticas que permiten que siga habiendo persecuciones vehiculares letales.
- Ante la pérdida de vidas y las violaciones de derechos humanos asociadas con la Operación Lone Star, la legislatura estatal debería poner fin a las asignaciones presupuestarias para el programa.
(Austin, Texas) – Las persecuciones vehiculares por parte de policías del estado de Texas y fuerzas de orden público locales han provocado la muerte de, al menos, 106 personas e hirieron a otras 301 en los condados que participan en la Operación Lone Star de Texas, desde que este programa comenzó en 2021, señaló hoy Human Rights Watch.
Se prevé que las autoridades estatales desempeñen un papel más preponderante en el control migratorio de Estados Unidos durante la gestión del presidente Donald Trump. En su primer día en el cargo, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para otorgar mayores facultades a la policía estatal y local en las acciones de deportación. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ya ha respondido a esto disponiendo la movilización de “equipos tácticos de intervención” exclusivamente para este propósito. Esta es una estrategia peligrosa, y la Operación Lone Star, en cuyo marco han tenido lugar persecuciones a gran velocidad en las que han muerto muchas personas, incluidos transeúntes, niñas y niños, es un ejemplo de ello. Esas prácticas deberían contrarrestarse, en vez de adoptarse y ampliarse.
“Para poner fin a lesiones y muertes innecesarias, muchos organismos policiales en todo el país han restringido la persecución vehicular a situaciones en las que estas resulten necesarias para prevenir muertes, lesiones o daños graves a la propiedad”, explicó Vicki B. Gaubeca, directora asociada para Inmigración y Política Fronteriza de Estados Unidos de Human Rights Watch. “La policía del estado de Texas debe considerar que la vida humana es primordial y dejar de poner en riesgo la vida de las personas texanas y de transeúntes”.
Este análisis actualizado se prepara tras el informe publicado por Human Rights Watch en noviembre de 2023, “So Much Blood on the Ground’” (Mucha sangre en el suelo), en el cual se documentaron evidencias de que las persecuciones peligrosas de vehículos donde se cree que circulan inmigrantes durante la Operación Lone Star provocaron accidentes mortales. El informe analizó el período comprendido entre marzo de 2021, cuando comenzó la Operación Lone Star, y julio de 2023. El nuevo análisis actualiza esos hallazgos hasta finales de 2024, sobre la base de informes periodísticos, y es muy probable que las cifras no representen el total de casos.
El Paso Times informó en octubre de 2024 sobre una persecución en la que policías de Texas persiguieron un automóvil conducido por una ciudadana estadounidense de 17 años de edad. El vehículo de la joven colisionó contra el automóvil en el que circulaba Wendy J. Rodríguez, de 44 años, una madre que se dirigía al trabajo, y provocó su muerte.
Human Rights Watch también obtuvo y analizó datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety, DPS) sobre persecución de vehículos hasta el mes de agosto de 2024, y concluyó que hubo un incremento masivo en la cantidad de persecuciones por el DPS. Las persecuciones aumentaron un 50%, de alrededor de 1.680 en el estado antes de la Operación Lone Star, a un promedio de 2.440 por año en 2022 y 2023. Hasta agosto de 2024, el estado se encontraba en proceso de alcanzar también más de 2.000 persecuciones por tercer año consecutivo. Más del 70% del aumento en las persecuciones en todo el estado de Texas ha ocurrido en los condados de la Operación Lone Star, a pesar de que en estos solo vive el 15% de la población.
En su análisis de las persecuciones que realizó a partir de fuentes periodísticas, Human Rights Watch identificó a 10 personas fallecidas que presuntamente eran transeúntes —es decir, no estaban en el vehículo objeto de persecución— y a 20 transeúntes que resultaron heridos. En la información también se mencionó la muerte de dos niños —de menos de 18 años—, uno de ellos un transeúnte, y otros cuatro niños que resultaron heridos en un choque durante una persecución vehicular.
“Estas persecuciones son habituales en zonas residenciales o en áreas sensibles: alrededor de escuelas, lugares de culto y hospitales”, dijo David Stout, comisionado del Condado de El Paso, en una entrevista con Human Rights Watch. “El DPS suele realizar persecuciones a 80-100 millas por hora. Están poniendo en peligro nuestras vidas. La comparación de estas políticas con el Departamento de Justicia y los departamentos de policía indica que el DPS no actúa en línea con todas estas otras organizaciones y las mejores prácticas que implementan”.
El período de sesiones legislativas de Texas, que comenzó en enero de 2025, es una oportunidad importante para que los legisladores formulen preguntas sobre la Operación Lone Star y consideren la posibilidad de poner fin a este programa abusivo, manifestó Human Rights Watch.
Ante la pérdida de vidas y las violaciones de derechos humanos asociadas con la Operación Lone Star, que incluyen discriminación racial, detención prolongada y uso injustificado de proyectiles de gas pimienta contra inmigrantes, la legislatura del estado debería cancelar las asignaciones presupuestarias para el programa, expresó Human Rights Watch. En el corto plazo, todos los organismos estatales y locales de aplicación de la ley en Texas deberían poner fin a las persecuciones vehiculares cuando la única razón sea la sospecha de que haya infracciones vinculadas con la migración no autorizada y otras infracciones que no tengan carácter violento, como las de tránsito.
“Las persecuciones mortales e imprudentes de vehículos como parte de la Operación Lone Star son apenas un aspecto de los abusos que ocurren en el programa”, señaló Bob Libal, consultor de Human Rights Watch en Texas, quien ha investigado abusos en el contexto del programa durante casi tres años. “Es momento de que la legislatura de Texas ponga fin a estas persecuciones y desactive la Operación Lone Star de una vez por todas”.
A continuación se presenta más información en inglés sobre los hallazgos.
