El gobierno de Donald Trump ha establecido nuevas políticas en materia migratoria a un ritmo vertiginoso, incluyendo algunas que arrasan programas construidos durante décadas para posibilitar que las personas que huyen de guerras y persecución encuentren protección.
El impacto de estas políticas lo sienten directamente los solicitantes de asilo, migrantes, refugiados, sus familias y sus comunidades. El alcance de estas políticas será inmenso, ya que probablemente otros países seguirán el ejemplo de Estados Unidos para dar la espalda a quienes huyen de sus países de origen para salvar sus vidas.
- Declaración de una “invasión” de “extranjeros”, cerrar la frontera y prohibir el asilo en territorio estadounidense
La orden ejecutiva fundacional de estas políticas es la declaración de una invasión de Estados Unidos por parte de “millones de extranjeros ilegales”. Asimismo, Trump aprobó una orden ejecutiva específica para la frontera sur de Estados Unidos que “suspende la entrada de cualquier extranjero que participe en la invasión a través de la frontera sur”. Esa orden excluye explícitamente el derecho de las personas a solicitar asilosi al hacerlo se permitiera su permanencia en Estados Unidos. También suspende la entrada a cualquier persona que suponga un riesgo para la salud pública, sin especificar cuál podría ser ese riesgo. Esta orden ejecutiva ordena la construcción de un muro en la frontera suroeste.
- Detención obligatoria
Otra orden ejecutiva pide “detener, en la máxima medida permitida por la ley, a los extranjeros aprehendidos bajo sospecha de violar la ley federal o estatal, hasta el momento en que sean expulsados de Estados Unidos”. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha en 2004 el Programa Alternativas a la Detención (ATDP, por sus siglas en inglés), que ha funcionado como un medio de supervisión no privativo de libertad eficaz en el uso de recursos. Uno de sus subprogramas, el Programa de Gestión de Casos Familiares (Family Case Management Program), tenía una tasa de cumplimiento del 99 %en los controles del ICE y las audiencias judiciales antes de que el primer gobierno de Trump lo cerrara en 2016.
El aumento de las detenciones puede tener beneficios económicos inesperados para los contratistas, incluyendo los de prisiones privadas.
Además, la detención obligatoria es extremadamente regresiva. De hecho, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, establece que la detención migratoria debe utilizarse “solo como último recurso” y que los países deben “buscar otras alternativas”.
- Expansión de las competencias de las policías estatales y locales
Otra orden ejecutiva pide que se amplíe el uso de la policía estatal y local “hasta el máximo permitido por la ley (…) para desempeñar las funciones de funcionarios de migración en relación con la investigación, aprehensión o detención de extranjeros en Estados Unidos”. Al mismo tiempo, recorta la financiación federal a las jurisdicciones “santuario” que no cooperen con la implementación de las políticas migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también ha derogado una política del gobierno Biden que prohibía a los agentes de migración realizar redadas en iglesias, mezquitas, escuelas y hospitales.
- Uso de las fuerzas armadas estadounidenses para deportar y detener migrantes y “sellar la frontera”
Una orden ejecutiva permite el despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses “para sellar las fronteras y mantener la soberanía, integridad territorial y seguridad de Estados Unidos repeliendo formas de invasión, incluyendo la migración ilegal masiva”. La base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, ahora es usada para detener migrantes y los vuelos militares estadounidenses, para deportarlos.
Mientras las fuerzas armadas estadounidenses son desplegadas en la frontera suroeste de Estados Unidos, las condiciones para su intervención especifican que “el uso de la fuerza dé prioridad a la seguridad del personal del Departamento de Seguridad Nacional y de los miembros de las fuerzas armadas”. Esto prácticamente invita a la Patrulla Fronteriza estadounidense y al personal militar a portar sus armas a la vista, especialmente a la luz del anuncio simultáneo del presidente sobre que “la soberanía de Estados Unidos está siendo atacada”.
- Expansión nacional de procesos acelerados de expulsión
A partir del 21 de enero, los procesos acelerados de expulsión fueron ampliados para incluir a los no ciudadanos detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos que no puedan demostrar que han estado en Estados Unidos de forma continua durante los dos años previos a la detención. La expulsión acelerada fue usada originalmente para permitir a los funcionarios de migración de bajo nivel expulsar sumariamente, sin una audiencia ante un juez de migración, a personas recién llegadas y con documentación inadecuada. A lo largo del tiempo, se ha ampliado el periodo de llegada y la distancia desde la frontera en los que se permiten los procesos de expulsión acelerados.
El 23 de enero, el secretario en funciones del DHS emitió un memorando en el que ordenaba a los funcionarios encargados de la aplicación de las leyes de migración que “(1) consideren la expulsión acelerada de las personas que cumplan los requisitos para ello y que puedan estar en un proceso de deportación ordinario; y que (2) revisen el estatus de los beneficiarios de programas de parole humanitario que hayan sido acabados y evalúen si deben poner a las personas en un proceso de expulsión acelerada o de deportación ordinaria”.
La amplitud de esta expansión despoja a migrantes, que pueden haber estado viviendo en el interior de Estados Unidos, de múltiples derechos procesales que histórica y legalmente acumula de manera progresiva una persona cuanto más tiempo permanece en Estados Unidos y cuanto más lejos se encuentra de la frontera.
- Retrocesos en los programas de libertad condicional, estatus de protección temporal y movilidad segura
Los programas de parole humanitario han reducido con éxito el número de cruces fronterizos irregulares, al permitir la entrada segura y legal de personas que cuentan con patrocinios económicos, han sido evaluadas y salen de sus países en respuesta a recientes emergencias de refugiados, como la toma del poder por los talibanes en Afganistán y la invasión rusa de Ucrania. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, los encuentros de la Patrulla Fronteriza con personas cruzando la frontera, procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, las cuatro nacionalidades elegibles para parole, se redujeron en un 99, 98, 97 y 96 %, respectivamente.
Sin embargo, una orden ejecutiva pone fin a los programas de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. El DHS tratará ahora de aplicar el proceso de expulsión acelerada a las personas que obtuvieron parole en Estados Unidos durante los últimos dos años.
El gobierno también ha cancelado la prórroga del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 300.000 venezolanos, lo que los pone en riesgo de ser retornados a las peligrosas condiciones de las que huyeron.
Una orden ejecutiva sobre el TPS establece que debe ser “limitado en su alcance y concedido solo por el tiempo que sea necesario” y sugiere que la renovación del TPS para nacionales de Camerún, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Nepal, Siria, Yemen, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ucrania es incierta.
Trump también ordenó la suspensión de la aplicación “CBP One” como mecanismo para programar citas de forma ordenada en los controles migratorios de entrada a lo largo de la frontera suroeste y cerró las “oficinas de movilidad segura” en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala que se habían utilizado para tramitar las solicitudes de protección de forma ordenada.
- Suspensión indefinida de toda rubicación de refugiados (excepto afrikáners)
Una orden ejecutiva establece que la admisión de refugiados es “perjudicial” para los intereses nacionales de Estados Unidos y suspende indefinidamente el programa de admisión de refugiados, en funcionamiento desde la guerra de Vietnam para asistir a refugiados, tales como los intérpretes afganos e iraquíes que trabajaron con las fuerzas armadas estadounidenses y que tuvieron que huir de sus países como consecuencia de ello o aquellos refugiados que huyeron de emergencias en Camboya, Darfur, Bosnia y Myanmar, por mencionar otros. En el último año del gobierno de Biden (año fiscal 24), Estados Unidos admitió a 100.000 refugiados.
El presidente Trump emitió luego otra orden ejecutiva para hacer una excepción: para los afrikáners blancos de Sudáfrica.
- Externalización de los controles fronterizos y de la gestión de la migración
Una orden ejecutiva pide reanudar el programa de Quédate en México (Protocolos de Protección a Migrantes) del primer gobierno de Trump “tan pronto como sea posible”. Esta política obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se tramitaban sus solicitudes en Estados Unidos. Muchos fueron víctimas de abusos durante su espera.
Esta orden hace un llamado a la “cooperación y acuerdos internacionales adicionales”, citando la disposición de “tercer país seguro” de la legislación estadounidense, que el primer gobierno Trump utilizó para establecer acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras para deportar a cualquiera de estos tres países personas provenientes de los otros dos. Actualmente, Estados Unidos está deportando y transportando a personas de Afganistán, China, Pakistán y Uzbekistán a Costa Rica y al Darién, Panamá, para su posterior deportación, pagada por el gobierno estadounidense.
- Fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres indocumentados
Una orden ejecutiva pretende poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para cualquier niño o niña nacido en Estados Unidos a menos que uno de sus progenitores sea ciudadano estadounidense o residente permanente. La orden está siendo impugnada por ser considerada inconstitucional. Estos menores pasarían el resto de sus vidas temiendo ser deportados del país en el que nacieron y no recibirían documentos federales de identidad, lo que muy probablemente les crearía enormes problemas para acceder a atención sanitaria esencial, programas de nutrición y escolarización. Algunos niños se convertirían en apátridas de facto.
- Suspensión de la asistencia para el desarrollo y la asistencia humanitaria en todo el mundo
Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el líder mundial en ayuda humanitaria y reubicación de refugiados. Esto ha reforzado su capacidad para impulsar a otros países a aumentar su apoyo a los refugiados y desplazados, a promover el respeto de los principios de los derechos de los refugiados en escenarios internacionales y a mantener el primer asilo cuando los países en primera línea de las emergencias de refugiados han tenido dificultades para acogerlos o han sido renuentes al cumplimiento de su obligación de no forzar a los refugiados a regresar a países donde estarían en peligro.
Estados Unidos está poniendo fin o recortando drásticamente el apoyo económico y político a organismos multilaterales que protegen a los refugiados, incluyendo la UNRWA y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La orden ejecutiva que suspende durante 90 días la asistencia humanitaria y para el desarrollo administrada por el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) puso en riesgo inmediato la salud, seguridad y medios de subsistencia de millones de personas en todo el mundo. A pesar de que el Departamento de Estado emitió una exención el 28 de enero para determinada “ayuda humanitaria que salva vidas”, muchos programas que parecían salvar vidas quedaron congelados.
