Durante las próximas dos semanas, más de 100 países y organizaciones internacionales participarán en audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), situada en La Haya, en el marco de un procedimiento histórico vinculado con el cambio climático.
La CIJ, también conocida como la Corte Mundial, analizará las obligaciones que corresponden a los Estados conforme al derecho internacional de abordar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y las consecuencias legales para el supuesto de que no lo hagan. Durante sus deliberaciones, la corte podría recurrir a diversas fuentes del derecho internacional, incluidos tratados sobre medio ambiente y derechos humanos.
Se espera que la CIJ emita su opinión en 2025.
Las campañas incansables impulsadas por organizaciones de jóvenes activistas —bajo el liderazgo de Pacific Islands Students Fighting Climate Change y World’s Youth for Climate Justice — y las iniciativas diplomáticas que llevó adelante la nación insular de Vanuatu tuvieron como resultado este procedimiento oral en la Corte Mundial.
En marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la cual reconoció al cambio climático como “un desafío civilizacional sin precedentes” y solicitó una opinión consultiva a la CIJ.
Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no tienen carácter vinculante, pueden tener un peso moral y jurídico muy importante y, posteriormente, pasar a formar parte del derecho internacional consuetudinario, que resulta jurídicamente vinculante.
Cada Estado miembro de la ONU tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos y prevenir violaciones de derechos en el contexto del cambio climático. A su vez, cada país que es parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha ratificado uno o más de los principales tratados sobre derechos humanos de la ONU, y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático establece en forma expresa que el respeto de los derechos humanos es clave para adoptar medidas ambiciosas vinculadas con el clima.
El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los gobiernos a proteger a las personas frente a daños actuales y previsibles relacionados con el clima. Las normas de derechos humanos imponen controles más estrictos a los actores empresariales que provocan emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a causar daños.
Si bien muchos gobiernos han prometido eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y proteger los bosques tropicales, esto no significa que vayan a hacerlo de manera oportuna ni eficaz. El derecho internacional de los derechos humanos puede ayudar a exigir responsabilidades a los gobiernos que no cumplen o no hacen cumplir la normativa medioambiental vigente y, de esta forma, contribuyen a violaciones de derechos humanos.
Una de las muchas preguntas que una Opinión consultiva de la CIJ podría contribuir a aclarar es cuándo los retrasos, o incluso los retrocesos, equivalen a una violación del derecho internacional de los derechos humanos.
La opinión que emita la corte tendrá suma relevancia para millones de personas que ya se ven afectadas por el cambio climático, y para muchas más que se enfrentan a sufrir daños en el futuro próximo.
