(Washington D. C.) - La decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de cubrir por decreto dos vacantes en la Corte Suprema socava la independencia judicial, señaló hoy Human Rights Watch.
El 26 de febrero de 2025, el presidente Milei firmó un decreto para nombrar al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes. La decisión se produjo después de que el presidente Milei no consiguiera, durante meses, reunir la mayoría de dos tercios del Senado necesaria para cubrir las vacantes según los procedimientos ordinarios. La idea de que el presidente simplemente puede eludir al Senado y hacer estos nombramientos por decreto se basa en una dudosa interpretación de la Constitución argentina.
“Nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El Senado debería estar a la altura de las circunstancias y garantizar que no se realicen nombramientos irregulares en la Corte Suprema”.
El 25 de febrero, el gobierno de Milei anunció en un comunicado de prensa que avanzaría con los nombramientos por decreto, asegurando que el Congreso había “evadido respetar la decisión de este Gobierno” sobre los candidatos, al tiempo que “se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.
Sin embargo, desde que el presidente Milei nominó a Lijo y García-Mansilla en abril de 2024, numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron formalmente su preocupación por el historial de Lijo como juez federal y por las posiciones de García-Mansilla sobre derechos sexuales y reproductivos. Lijo tiene cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a jueces federales. Según un estudio, Lijo se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo retrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción.
Un artículo de la Constitución argentina permite al presidente “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso”. Aunque la justicia no se ha pronunciado sobre esta disposición en lo que respecta a jueces de la Corte Suprema, algunos juristas señalan que las vacantes de la Corte Suprema no son “empleos”, sino que la disposición se refiere únicamente a embajadores, militares y otros funcionarios del poder ejecutivo. Expertos también afirman que la disposición tampoco parecería aplicarse a las vacantes que se producen antes del receso del Congreso en el que se lleva a cabo el nombramiento por decreto.
Argentina ha ratificado tratados de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en repetidas ocasiones que los jueces deben ser nombrados mediante un “adecuado proceso de nombramiento” que proteja su independencia, en particular frente a los poderes ejecutivo y legislativo.
Según la Constitución argentina, los nombramientos por decreto realizados durante un receso legislativo duran hasta “[el] fin de la próxima Legislatura”; en este caso, hasta el 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, el Senado podría removerlos antes de esa fecha por cualquier motivo. Nombrar a los jueces de esta manera les quita estabilidad en el cargo, lo que socava su independencia real o percibida.
El Senado desempeña un papel crucial a la hora de garantizar que el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema respete los procedimientos constitucionales y tenga especial consideración sobre sus cualidades, experiencia e integridad, señaló Human Rights Watch. El Senado debe someter inmediatamente a votación los dos nombramientos, una vez se reanude el periodo legislativo.
En diciembre de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó utilizar la misma disposición constitucional para cubrir por decreto dos vacantes en la Corte Suprema. Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y juristas criticaron esa decisión. Sin embargo, los jueces nombrados por Macri no asumieron el cargo hasta que obtuvieron, seis meses después, los dos tercios de los votos requeridos en el Senado. Además, el Senado no estaba considerando sus nominaciones al momento de publicación del decreto.
“Al evitar el proceso de aprobación regular en el Senado y designar a un candidato con un historial disciplinario preocupante, el gobierno está socavando los pilares fundamentales de la independencia judicial”, dijo Goebertus. “Las instituciones democráticas de Argentina deben mostrar su fortaleza y proteger el Estado de derecho”.
